PERU: ARQUEOLOGOS CUESTIONAN A RUTH SHADY

LA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE ARQUEOLOGOS QUE DIRIGE RUTH SHADY ES CUESTIONADA POR LOS ARQUEOLOGOS PERUANOS. DENUNCIAN CAMPAÑA DE REPRESION CONTRA OPOSITORES A SU DIRECTIVA QUE NO ESTA INSCRITA EN REGISTROS PUBLICOS POR DEFECTOS INSUBSANABLES. EXIGEN ELECCIONES INMEDIATAS.

COMITÉ PARA LA DEFENSA DEL COARPE

A los Arqueólogos del Perú y a la opinión pública:

Las evidencias de múltiples irregularidades en el funcionamiento del Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú, han motivado que un grupo de sus integrantes, para asegurar la correspondencia entre medios y fines que postula el Estatuto, decidan iniciar acciones para lograr que se respeten las normas que rigen al COARPE y los valores de democracia, honestidad y transparencia en beneficio de sus miembros, del patrimonio arqueológico y de la Nación peruana.

La respuesta de la actual dirigencia a las denuncias y solicitudes para regularizar el funcionamiento de la Institución, ha sido ocultar información y continuar con las trasgresiones como pretender sancionar, sin justificación, a quienes reclaman por las irregularidades. En vez de explicar con objetividad a los miembros del Colegio sobre los actos cuestionados, han difundido una falsa y distorsionada versión, evadiendo pronunciarse sobre hechos y normas, como la denominada Carta Abierta publicada en su página WEB el 2 de octubre de 2006.

Por este motivo, hemos elaborado este folleto, conteniendo una detallada y concreta información sobre la usurpación de títulos y atribuciones, la elección irregular de los Consejos Directivos, la deficiente administración de los recursos económicos y el abuso y arbitrariedad para aplicar sanciones para acallar denuncias. Confiamos que los Arqueólogos, luego de analizar esta información, se unirán a la lucha por tener un digno Colegio Profesional.

USURPACION DE TITULOS Y ATRIBUCIONES

El Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú fue creado en 1986 por Ley Nº 24575. Después de 18 años, por Decreto Supremo Nº 014-2004 ED se aprobó su Estatuto que entró en vigencia el 2 de Septiembre de 2004. Para la organización del Colegio dispuso la conformación de un COMITÉ TRANSITORIO encargado de elaborar el padrón de inscripciones y el reglamento de elecciones, además de convocar la primera Asamblea Nacional para elegir el Comité Electoral, responsable de la elección de los primeros Consejos Directivos Nacionales y Regionales.

Sin embargo, meses antes de la aprobación del Estatuto, un grupo de personas, sin atribuciones ni representación legal, promovió una reunión para el 6 de diciembre del 2003, en la que un pequeño número de arqueólogos, la mayoría sorprendidos en su buena fe, eligieron un "Consejo Directivo" presidido por Francisco Iriarte, quien fungiendo de Decano comenzó a figurar públicamente y suscribir documentos con ese cargo.

Es de conocimiento general que las normas legales rigen luego de su publicación y no tienen efecto retroactivo.

Si el COARPE inició su funcionamiento en septiembre de 2004 es imposible fáctica y legalmente que antes de esa fecha pudiera elegirse un Consejo Directivo del Colegio.

La información y documentos obtenidos permiten apreciar que los arqueólogos fuimos engañados. Esta conducta ilícita no puede justificarse por ignorancia de las normas. El Sr. Tacsa, principal promotor de este hecho, integraba la comisión estatutaria designada por el Ministerio de Educación y conocía que por mandato de Ley, el Estatuto tenía que aprobarse por Decreto Supremo y no por alguna asamblea, y que en el proyecto de elaboración, se precisaba el procedimiento para elegir los primeros consejos directivos.

Lo expuesto permite suponer que fue intencional no respetar las normas legales, como lo confirma que, UN DÍA DESPUÉS de entrar en vigencia el Estatuto, el 3 de Septiembre de 2004, en vez de propiciar la instalación del Comité Transitorio, los señores Iriarte y Ludeña convocaron a una Asamblea Nacional para convalidar la irregularidad cometida, incluyendo dolosamente en la agenda "reconocer el proceso electoral del 6 de diciembre de 2003 y ratificar al Consejo Directivo 2004-2005.

Con esa misma finalidad, se demoró la elección del Comité Electoral, que fue elegido meses después de lo previsto en el Estatuto, acciones que permitieron mantenerse en los cargos que estaban usurpando hasta el 2006.

El mismo delito de usurpación, tipificado en el art. 362 del Código Penal, lo cometieron las demás personas que actuaron y suscribieron documentos como integrantes del Consejo Directivo Nacional. Deben asumir su responsabilidad por el daño ocasionado a la imagen del Colegio y el tiempo perdido para su organización y están obligados a disculparse por este engaño, sin perjuicio de ser sancionados de acuerdo al Estatuto y de la pena que les imponga el Poder Judicial como consecuencia de la denuncia que se ha presentado al Ministerio Público.

Inexplicablemente, a pesar que conocía los hechos mencionados y que tiene asesoría legal, el actual Consejo Directivo pretendió inscribir en los Registros Públicos al Consejo Directivo presidido por Francisco Iriarte, para lo cual convocaron una asamblea general nacional, realizada el 7 de octubre del año pasado, con el fin que se ratifique su ilegal elección. Para asegurar la aprobación, impidieron el ingreso a varios arqueólogos, alegando que estaban suspendidos, sin ningún proceso o comunicación previa, lo que lograron con el voto de parte de los escasos asistentes.

NULIDAD DE LAS ELECCIONES DEL 3 DE DICIEMBRE DEL 2005

Los documentos publicados sobre las primeras elecciones del COARPE muestran las violaciones al Estatuto que generan su insalvable nulidad. Es necesario precisar las irregularidades, para demostrar la falta de sustento de la información colocada en la página WEB del COARPE y la absurda explicación del Sr. Noé Jave,
ex Presidente del Comité Electoral, y uno de los principales responsables.
· La sexta disposición transitoria encargó al Comité Transitorio la elaboración del reglamento electoral para las primeras elecciones. NO SE CUMPLIÓ porque Francisco Iriarte no lo convocó. El reglamento tuvo que ser elaborado por el Comité Electoral, pero al no tener esa atribución no tenía validez.

· La séptima disposición transitoria dispuso que el primer Comité Electoral debía tener tres integrantes. NO SE CUMPLIO porque la Asamblea del 27 de agosto de 2005, Presidida por Francisco Iriarte, eligió indebidamente a cinco integrantes ( Noé Jave, Gustavo Ramírez, Oscar Tacsa, Anderson Chamorro y Arturo Noel).

· Francisco Iriarte emitió la Resolución Nº 3- CDN/COARPE, el 10 de Junio de 2005 "reconociendo" a un Consejo Directivo Regional del Norte, antes que se elija al primer Comité Electoral Nacional, violando el Estatuto. Su falta es más grave porque propició y colaboró personalmente con las viciadas elecciones, sin tener atribuciones en materia electoral y estar usurpando el cargo de Decano.

· Fue evidente la intención de convalidar unas elecciones nulas, e impedir que el Comité Electoral Nacional convocara elecciones en esa Región, propósito que logró aprovechando la buena fe de los Arqueólogos del Norte y haciendo incurrir a los que integran el ilegal Consejo Directivo en el delito de usurpación de cargos, porque no fueron elegidos de acuerdo al Estatuto.

· La intención se confirma cuando el Consejo Regional del Norte informa al Comité Electoral Nacional que se había elegido en una Asamblea al Comité Electoral Regional. Sin embargo, el 16 de noviembre de 2005 el Lic. Denis Vargas Salvador, quien figuraba como su Presidente, indico por escrito que no tenía conocimiento de su designación ni de asamblea alguna.

· Las irregularidades descritas en la Región Norte son las que generan los problemas del proceso electoral, porque impedían que los 191 colegiados de esa Región puedan ejercer su derecho de elegir democráticamente a los Consejos Directivos Regional y Nacional.

· Conocidas las irregularidades y ante la proximidad de la fecha fijada para las elecciones, los integrantes del Comité Electoral Arturo Noel, Anderson Chamorro y Gustavo Ramírez solicitaron reiteradamente al Presidente Noé Jave una sesión urgente. Ante su negativa presentaron su renuncia irrevocable solicitando una Asamblea General, pedido que posteriormente formalizaron más de 130 arqueólogos. Estas solicitudes hasta la fecha no tienen respuesta a pesar que el Estatuto las ampara y es el procedimiento democrático para solucionar los problemas internos. Al renunciar cuatro integrantes, el Sr. Tacsa renunció a los pocos días de elegido, real y legalmente dejó de existir el Comité Electoral, que siendo un órgano colegiado no podía funcionar sólo con una persona.

· Sin embargo Noé Jave, "rechazó" las renuncias y continuó con el proceso electoral emitiendo curiosas resoluciones, en nombre de un inexistente Comité Electoral, sin tener ninguna atribución. Su actitud configura también una usurpación de funciones y la violación deliberada de las normas estatutarias.

Los resultados de las elecciones, además de las irregularidades antes expuestas, demuestran el rechazo de la mayoría de los arqueólogos al actual Consejo Directivo Nacional, que no puede exhibir legitimidad ni representación. Ante la negativa de convocar a una asamblea que, como máxima autoridad se pronuncie sobre las denuncias, un grupo de arqueólogos ha solicitado al Poder Judicial la nulidad de las elecciones, proceso que está para sentencia en el 66 Juzgado Civil de Lima.


REGISTROS PUBLICOS RECHAZA LA INSCRIPCION DE LOS CONSEJOS DIRECTIVOS PRESIDIDOS POR FRANCISCO IRIARTE Y RUTH SHADY


Confirmando las irregularidades del proceso electoral que hemos denunciado y su nulidad, la Oficina Registral de Lima ha rechazado la solicitud presentada por la Arqueóloga Ruth Shady para inscribir a su Consejo Directivo y el reconocimiento y ratificación del seudo Consejo Directivo presidido por Francisco Iriarte, sustentada con el acta de una asamblea, también viciada, realizada el 7 de octubre del año pasado.

El 30 de Noviembre pasado, el Registrador Público tachó el título Nº 571666-2006 AL EXISTIR DEFECTO INSUBSANABLE QUE AFECTA LA VALIDEZ DE SU CONTENIDO.

La apelación que presentaron al Tribunal Registral también fue denegada, y el 20 de febrero se produjo la tacha definitiva. Por lo tanto quienes actualmente fungen de dirigentes no tienen ni podrán tener la representación legal del COARPE y continúan incurriendo en el delito de usurpación de funciones.
Para mayor información, transcribimos literalmente algunas de las observaciones del Registrador, con un contundente sustento legal que confirma las denuncias presentadas:

· En la Asamblea Nacional del 7.10.2006, se acuerda la RATIFICACIÓN del Consejo Directivo y no su RECONOCIMIENTO, entendiendo que se trata de subsanar defectos o vicios producidos en las elecciones materia de calificación.

· El D.S. 14-2004-ED, que aprueba el Estatuto, recién entró en vigencia el 2/9/04, en aplicación de su 2da Disposición Final, no pudiendo ejercer funciones un Consejo Directivo Nacional (se refiere al de F. Iriarte) antes de esta fecha , toda vez que no puede haber funcionado un órgano directivo sin el marco del Estatuto. Es importante tener en cuenta que la elección del primer Consejo Directivo Nacional se encuentra regulada en la 2, 4, 5 y 7 disposición transitoria del Estatuto.

· La elección del último Consejo Directivo se realizó con un Comité Electoral incompleto (tres de sus miembros habían renunciado) y no hay norma estatutaria que permita al Comité Electoral sesionar incompleto, por lo que la elección del Consejo Directivo Nacional presidido por Ruth Shady Solís es NULA.

· La Asamblea (del 7/10/06) fue convocada y presidida por Ruth Shady Solís, quien carecía de facultad para ello, por ser nula su elección.

· En el acta no consta la mayoría con que se adopta los acuerdos. Existe discrepancia entre la lista de asistentes y el número de concurrentes que aparecen en el acta, y el de la declaración jurada presentada.

IRREGULARIDADES EN LA GESTION ECONOMICA

La información colocada en la página WEB del COARPE, por la Sra. Ruth Shady Solís, para mostrar transparencia, sobre el informe de la auditoria de la gestión del Sr. Iriarte, demuestra graves irregularidades en la administración de los recursos aportados por los arqueólogos (del Perú y el extranjero), que confiaron que el proceso de organización del Colegio se estaba desarrollando correctamente.

Las conclusiones del Auditor, contratado para el período 2004 y 2005, indican que no pueden opinar sobre los estados financieros de dichos años porque no existe información registrada y confiable de los ingresos y egresos, los libros no están actualizados ni existen reportes de tesorería y de los bancos. En resumen que hay "carencia de un adecuado sistema de control interno, contable y administrativo".

Agrega "apreciamos un total desorden del manejo contable y administrativo, impidiendo que formulen y presenten estados financieros veraces, confiables, completos y oportunos debidamente aprobados por el Decano, Tesorero y Contador", y que "los Directores Ejecutivos denotaron total desconocimiento y experiencia administrativa".

Al respecto debe indicarse que fue el Sr. Oscar Tacsa Laura quien desempeñó la Dirección Ejecutiva de noviembre del 2004 hasta septiembre del 2005, casi todo el período auditado, y que a pesar que en una asamblea realizada el 9 de junio del 2005 su labor fue cuestionada y se pidió su retiro del cargo, actualmente integra el Consejo Directivo Nacional.

Sorprende que siendo el principal responsable del desorden administrativo–económico, no ha sido objeto de sanción por quien funge de Decana, ni ha sido separado del Consejo Directivo como era lo correcto. Por supuesto que ha presentado su renuncia a pesar de las graves acusaciones de la Auditoria.

Se agrava su responsabilidad porque la Auditoria ha observado que la cuenta bancaria del Colegio estuvo a nombre de Oscar Tacsa cuando fue Director Ejecutivo a pesar que era empleado y no Directivo. Lo correcto es que la cuenta de ahorros debe estar a nombre de la Institución y no de personas. No pueden pretender justificar esta irregularidad que subsiste hasta la fecha, alegando que es un problema legal o registral. Se origina porque están usurpando cargos, para los que no han sido elegidos legalmente.

Nadie puede beneficiarse ni reclamar de sus propios errores o violaciones al Estatuto.

La responsabilidad por estas deficiencias también recae en Francisco Iriarte, quien fungía de Decano. Sin embargo, la Sra. Shady Solís conociendo en detalle el informe de Auditoria y que dispuso su difusión, en Asamblea Nacional de octubre del año pasado, respaldó públicamente a Francisco Iriarte agradeciendo "la labor social" de su gestión y por el contrario, cuando una Arqueóloga participante pide en dicha reunión que el Sr. Iriarte rinda cuentas de su gestión, basándose en el informe publicado, decide sancionarla con una suspensión, sin proceso ni comunicación previa. Extraña y contradictoria conducta que no garantiza una administración y control adecuado del Colegio.

LA DESORGANIZACION DEL COARPE

Tiene gran responsabilidad por la mala organización del COARPE el Sr. Oscar Tacsa quien no puede negar su participación en todas las irregularidades detalladas. Inicialmente como Presidente de la APA propició las reuniones previas a la organización, integrando la comisión Estatutaria designada por el Ministerio de Educación. Actuó luego como "Tesorero" de una denominada Comisión Transitoria, que no era el Comité establecido en el Estatuto. Continuó como Director Ejecutivo, integrante del Comité Electoral Nacional y finalmente miembro del Consejo Directivo.

Los hechos demuestran su inadecuado asesoramiento o que no se opuso a las múltiples violaciones del Estatuto, por el contrario las promovió y apoyó. Fue quien propuso para Presidente del Comité Electoral a su íntimo amigo Noé Jave, principal responsable de la nulidad de las elecciones.

ALTO A LA PREPOTENCIA Y ARBITRARIEDAD

La Constitución consagra el derecho a trabajar libremente. La limitación que señala el Art. 20, sobre los casos en que la colegiación es obligatoria, tiene como sustento que los mismos profesionales cautelen el ejercicio ético de la profesión. No es su finalidad que los dirigentes del Colegio Profesional tengan un arma para combatir a quienes exigen legalidad, justicia y cumplimiento de los estatutos, ni que la utilicen como amenaza o intimidación en la discusión de los problemas o asuntos internos relacionados con el funcionamiento administrativo del gremio.

Sin embargo la Sra. Ruth Shady Solís, con el claro propósito de mantenerse con el cargo de Decana, sistemáticamente comenzó a "suspender" a los Arqueólogos que reclaman por el viciado proceso electoral, con la velada intención de impedirles que puedan trabajar en la profesión. Demuestra su prepotencia y arbitrariedad que en ningún caso ha respetado el derecho a debido proceso y la legítima defensa. No le ha importado que el Estatuto disponga que para imponer una sanción es necesario un proceso disciplinario, y que por lo menos debe comunicarse a los involucrados el motivo de la denuncia o la sanción.

Para colmo, se ha negado a recibir o no ha contestado las comunicaciones de los Arqueólogos que con sorpresa se han enterado por una relación en la página WEB que estaban suspendidos, y se ha negado a entregar los certificados de habilitación sin ningún sustento. Por este motivo varios arqueólogos han presentado acciones de amparo ante el Poder Judicial algunas de las cuales han sido admitidas. Ante la orden judicial, en los últimos días y pretendiendo regularizar sus abusos, ha ordenado que el Comité de Ética inicie desesperadamente procesos disciplinarios.

Se olvidó que previamente debe informar los criterios utilizados para elaborar la lista de los "miembros más antiguos y que gocen de reconocida honorabilidad" que dispone el Estatuto para conformar el Comité de Ética, y entre quienes y cuándo se realizó el sorteo para su designación. Seguramente también ha violado los artículos del Estatuto. Además está probado que todos sus actos son nulos por ser ilegal su elección.

Erróneamente, quien funge de Decana, está actuando como si el COARPE fuera de su propiedad, sin recordar que la obligación de un Decano es propiciar la integración de todos los agremiados dentro del respeto a los principios y valores que establece el Estatuto, velando por su prestigio.

CONSIDERACIONES FINALES


Solo hay una solución a la situación que atraviesa el Colegio, y es que, cumpliendo con el Estatuto, se elija un Comité Electoral Nacional que organice el proceso para elegir a los primeros Consejos Directivos Nacional y Regionales, que tengan la suficiente representatividad y legitimidad para que unan a todos los Arqueólogos en la tarea de fortalecer nuestra Institución.
Si permitimos que desde sus inicios se cometan irregularidades que no sean corregidas, el Colegio no tiene futuro y será utilizado para satisfacer intereses ajenos a su creación. Tolerar la prepotencia y arbitrariedad es renunciar a la dignidad profesional.

Si creemos en los valores y principios contenidos en el Estatuto y no somos indiferentes o simples espectadores existe la esperanza de generar un cambio en la arqueología peruana. Por eso hacemos un llamado a los colegas que deseen unirse a este esfuerzo para lograr un Colegio que nos merecemos, y para que nunca más vuelvan a ocurrir estos vergonzosos hechos.

Toda institución debe agradecer a sus promotores y fundadores que, recogiendo el anhelo común y sin ningún otro interés, trabajaron por su organización y desarrollo.

Pero no merecen reconocimiento quienes, privilegiando sus intereses particulares y deseos de figuración, acceden a cargos o titulos honoríficos sin respetar las normas y procedimientos que ellos mismos elaboraron o propiciaron.

Lima, Febrero de 2007

Coordinación

Lic. Susana Arce Torres
Lic. Genaro Barr Argomedo
Lic. Anderson Chamorro García
Lic. José Antonio Hudtwalcker